En el presente artículo damos cuenta de un conjunto de actividades fraudulentas, ya sea por acción o por omisión, cuyo impacto estimado en la economía española alcanza los 40.000 millones de euros. Hablemos del fraude fiscal.

¿Qué es el fraude fiscal?

El término fraude fiscal hace referencia al fraude que se comete contra la administración tributaria de un Estado, mediante la evasión de impuestos y otras actividades ilícitas como el ocultamiento de ingresos, para evadir la ley y obtener ventajas fiscales.

El fraude fiscal tiene tres características esenciales:

• Se realiza en perjuicio de la Hacienda Pública, es decir, del conjunto de los ciudadanos.
• La conducta del defraudador contraviene la normativa tributaria
• El defraudador incumple sus obligaciones tributarias.

La defraudación fiscal puede llevarse a cabo tanto por acción como por omisión, poniendo los medios para cometerlo, u ocultando determinados datos. Se comete fraude por omisión cuando dejamos de presentar una declaración de forma completa, sin exteriorizar ningún ingreso, y también cuando declaramos menos de lo debido, omitiendo, en ambos casos, de manera consciente datos.

Asimismo, al hablar del fraude fiscal entran en consideración términos que, si bien pueden estar relacionados entre sí, no son un mismo concepto. Veamos.

• Evasión fiscal: la evasión fiscal representa la acción, es decir, se refiere a una actividad ilegal que se ejerce en la parte administrativa de una organización, con la finalidad de ocultar o “maquillar” la cantidad de bienes e ingresos obtenidos durante un ejercicio económico, con la finalidad de pagar menos impuestos.
• Fraude Fiscal: el fraude fiscal corresponde al acto en el cual una organización comete un fraude ante la administración tributaria del Estado, mediante documentos alterados que buscan evadir impuestos.

Elusión Fiscal: se refiere a las acciones que se inician por vías legales y que buscan la minimización o evasión de pago de impuestos. En este caso, se escudan con la ley, a través de los vacíos legales, para obtener ventajas fiscales y justificar el hecho de no pagar o pagar menos impuestos.

En el caso de la elusión fiscal, al actuar “dentro de los márgenes permitidos” no corresponde a un hecho ilícito tributario. En cambio, en el fraude fiscal y la evasión fiscal, sí representan un ilícito tributario que tienen sus consecuencias fiscales.

La defraudación fiscal puede llevarse a cabo tanto por acción como por omisión, poniendo los medios para cometerlo, u ocultando determinados datos.

El fraude fiscal en España

Es difícil calcular con exactitud a cuánto asciende el fraude fiscal debido a la propia naturaleza de este tipo de delitos pero en cualquier caso los datos que arrojan los estudios realizados son alarmantes. Diversos estudios estiman que la cuantía defraudada en España podría alcanzar los 40.000 millones de euros, lo cual equivale al 3,5%-4% sobre el PIB español, de los cuales se estima que unos 20.000 millones se refieren únicamente a la declaración de IRPF (algo más del 1,7% sobre PIB) y el resto correspondería al fraude en IVA y en el Impuesto de Sociedades.

Los expertos estiman que la recaudación real es equivalente al 33% del PIB mientras que la recaudación potencial asciende al 41%. “Combinando ambos porcentajes se puede llegar la conclusión de que la brecha fiscal —que puede incluir los beneficios fiscales— es del 20%”, señalan. Estos sitúan el fraude fiscal en el 20% para el IRPF y en el 35% para el IVA.

Por territorios, el fraude fiscal es mayor en Andalucía y Canarias y menor en Madrid y en las comunidades forales (País Vasco y Navarra).

Uno de los principales motivos del fraude fiscal en nuestro país correspondería a los rendimientos del capital mobiliario (intereses y dividendos), cuya evasión procede de declarantes que tienen capitales en el extranjero sin declarar. Se estima que los españoles tienen en paraísos fiscales 144.000 millones de euros y que, por lo tanto, solo por el rendimiento de ese importe lleva asociado un fraude fiscal de 7.400 millones. Rentas inmobiliarias (alquileres e imputaciones por propiedades inmobiliarias) y autónomos y profesionales son otros de los focos de fraude.

Los expertos estiman que en España la recaudación real es equivalente al 33% del PIB mientras que la recaudación potencial asciende al 41%; el impacto del fraude fiscal es notorio.

Con respecto a la Unión Europea, los datos oficiales señalan que la economía sumergida en España se situaba en el 22,2% del PIB en 2003 y en el 18,6 % en 2013, un nivel equivalente con respecto a la media de la UE, que estaba en el 22,3% en 2003 y en el 18,6% del PIB en 2013. Sin embargo, este puede ser una comparativa que induzca a engaño puesto que hay comportamientos opuestos en el seno de la UE, con países con tasas de fraude muy bajas y otras en el extremo opuesto. De hecho, todos los estudios afirman que le economía española es de las más afectadas por este fenómeno dentro de los países de la OCDE, lo cual es desalentador.

La economía sumergida supone un lastre para la economía española y para el desarrollo de las políticas públicas y sociales de debe acometer el Gobierno, y es que a pesar de que los tipos impositivos en España son similares a los de nuestro entorno, la recaudación no lo es, lo cual resta competitividad a nuestra economía.

Sanciones tributarias agravadas por comportamientos fraudulentos

El artículo 184.3 de la Ley General Tributaria (LGT) hace especial referencia a los comportamientos fraudulentos que, tal y como después se recoge en los artículos 191 a 206 del mismo texto legal, implicarán que las sanciones, por la comisión de determinadas infracciones tributarias, se apliquen en su importe superior.

De hecho, cuando interviene un medio fraudulento en la infracción tributaria, ésta pasa a ser calificada como “muy grave”. Un calificativo que les hace situarse en lo más alto de la clasificación de las sanciones tributarias (las hay leves, graves y muy graves) y trae consigo multas pecuniarias de mayor cuantía.

¿Qué se entiende por comportamientos fraudulentos?

1. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, tales como el incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad, o de los libros registros establecidos por la normativa tributaria. O la llevanza de contabilidades distintas que impidan conocer la verdadera situación de la empresa. También se consideran anomalías sustanciales las incorrecciones en los libros de contabilidad o libros registros establecidos por falsedad de asientos, registros o importes, o por la omisión de operaciones realizadas. Y la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere la consideración fiscal de las operaciones, siempre que represente un porcentaje superior al 50 por ciento del importe de la base de la sanción.

2. El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, cuando la incidencia represente un porcentaje superior al 10 por ciento de la base de la sanción.

3. Y la utilización de personas o entidades interpuestas cuando el infractor, con el fin de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento:

• La titularidad de los bienes o derechos.
• La obtención de las rentas o ganancias patrimoniales.
• La realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción que se sanciona.

El fraude fiscal como delito

Cuando el fraude exceda los 120.000 euros y se mantenga el ánimo defraudatorio, pasa a estar tipificado por el Código Penal y constituye un delito. De hecho, según el artículo 305 del Código Penal, bajo el título de “Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”, el defraudador va a ser castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria. Además, se impondrá al responsable, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

El artículo 305 del Código Penal tiene un carácter recaudatorio por encima de su carácter penal, ya que permite la exención de responsabilidad penal cuando haya regularización voluntaria del obligado tributario.

Estas mismas penas son contempladas cuando el delito exceda los 50.000 euros, en un año natural, y se cometa contra la Hacienda de la Unión Europea. Y si no llega a los 50.000 pero excede los 4.000€, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año, o multa del tanto al triplo de la citada cuantía. Además, también se contempla la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

A pesar de lo anterior, es necesario destacar que el artículo 305 tiene un carácter recaudatorio por encima de su carácter penal, ya que permite la exención de responsabilidad penal cuando haya regularización voluntaria del obligado tributario.

Prescripción del fraude fiscal

Una vez que haya prescrito la defraudación, acabará también la responsabilidad del obligado tributario. Se entiende por “prescripción”, el concepto jurídico por el cual se extingue la responsabilidad del delito (en este caso) por el paso del tiempo.

Para saber de qué plazo hablamos, tenemos que diferenciar si estamos ante un tipo descrito en el Código Penal o una infracción tributaria de la Ley General Tributaria. En el primero de los casos, el delito fiscal prescribe a los 5 años, mientras que la deuda administrativa deja de estar activa a los 4 años.

Fuente: FUNCAS, EL PAIS, INE

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