El pasado 1 de octubre de 2018 estaba prevista la entrada en vigor de la nueva Directiva de Distribución de Seguros (IDD). Entre otros deberes, esta norma impone a aseguradoras y distribuidores la obligación de facilitar información previa a los clientes en un formato normalizado y a que los profesionales acrediten una titulación profesional adecuada al desempeño de sus funciones.

¿Qué es la IDD, Directiva de Distribución de Seguros (Insurance Distribution Directive)?

La Directiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros busca armonizar las disposiciones nacionales relativas a la distribución de seguros y reaseguros para coordinarlas en cuanto regulan el acceso a las actividades de distribución de seguros y de reaseguros.

En particular, esta Directiva (UE) 2016/97 actualiza y refunde los mandatos armonizadores de la anterior Directiva 2202/92/CE sobre la mediación en los seguros porque, ante la variedad y heterogeneidad de canales de distribución de los seguros en la UE (agentes, corredores, operadores de «bancaseguro», empresas de seguros, agencias de viajes, empresas de alquiler de automóviles, etc.) es necesario garantizar:

• La igualdad de trato entre los operadores para facilitar la libre competencia entre ellos
• La protección del cliente, porque todos los consumidores de seguros deben gozar del mismo nivel de protección en la UE a pesar de las diferencias que pueda haber entre los canales de distribución.

Fecha de entrada en vigor IDD: 1 de octubre de 2018

Como en otras tantas ocasiones, la aplicación de la IDD ha sufrido varios aplazamientos. En concreto, mediante la Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2018 se modificó la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de transposición de los Estados miembros, acordándose trasladar la fecha de aplicación del 23 de febrero de 2018 al 1 de julio de 2018 y, posteriormente, de esa fecha al 1 de octubre del corriente año, fecha en la que, de no mediar una nueva prórroga, se debería hacer efectiva la trasposición de la nueva normativa al ordenamiento jurídico español.

La Directiva (UE) 2016/97 busca armonizar las disposiciones nacionales relativas a la distribución de seguros y reaseguros, con especial énfasis en facilitar la libre competencia en el sector y garantizar la protección de los consumidores.

Con este aplazamiento se cumplirán las expectativas manifestadas por la industria europea del seguro representada a través de Insurance Europe, quienes se postularon repetidamente por demorar la aplicación de la norma ante la falta de mecanismos efectivos para que ésta se aplicara en fondo y forma.
A pesar de los cambios habidos en las fechas de instauración de la normativa, el aplazamiento acordado se debería aplicar con carácter retroactivo a partir del 23 de febrero, fecha inicialmente prevista tanto para la transposición de la Directiva como para su aplicación.

Objetivos de la IDD

La nueva Ley de Distribución de Seguros y reaseguros privados tiene como principales objetivos:

a) Coordinar las distintas disposiciones que regulan el acceso a las actividades de distribución de seguros y reaseguros.
b) Establecer unas condiciones de competencia equitativa entre los distintos distribuidores que operan en el mercado, con condiciones adecuadas y proporcionadas a los distintos tipos de distribución.
c) Garantizar el mismo nivel de protección a los consumidores independientemente del operador al que se dirijan, de forma que puedan beneficiarse de normas comparables.
d) Garantizar un elevado nivel de profesionalidad y competencia entre los mediadores de seguros y reaseguros, así como entre los empleados de entidades de seguros que intervengan en la distribución de seguros, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad de sus actividades.
e) Establecer normas que garanticen que los posibles conflictos de interés que puedan surgir no lesionen los intereses del cliente.
f) Reforzar la transparencia e información previa a la contratación, estableciéndose unas normas de conducta específicas en el caso de los productos de inversión basados en seguros.
g) Establecer un régimen de infracciones y sanciones administrativas eficaz, de forma que contrarreste los beneficios obtenidos y resulte suficientemente disuasorio

Afectación al sector asegurador

La afectación en la distribución de seguros y en aspectos relacionados con la protección a los consumidores son dos elementos que afectarán explícitamente al sector.

Por un lado, la Directiva de Distribución de Seguros afecta a las normas aplicables al seguro minorista con el objetivo de facilitar la integración del mercado del sector asegurador. Se trata de una directiva de mínimos, enfocada a homogeneizar el derecho en materia de distribución de seguros a nivel europeo.

Por otro lado, otra de las novedades que introduce la directiva (y foco de especial atención) se basa en la honestidad y en la transparencia en la negociación y contratación de este tipo de productos y servicios, y en la defensa de los derechos de los consumidores. Cuando los intermediarios de seguros o los distribuidores de seguros desarrollen actividades de distribución de seguros, deberán actuar con honestidad, equidad y profesionalidad, en beneficio de los intereses de sus clientes; deberán proporcionar a los clientes la información adecuada, en particular, si ofrecen asesoramiento en relación con los productos de seguro vendidos; y deberán respetar las exigencias y necesidades de dicho cliente en materia de seguros.

En este sentido y entre otros deberes, esta norma impone a aseguradoras y distribuidores la obligación de facilitar información previa a los clientes en un formato normalizado, denominado Insurance Product Information Document (IPID) o documento de información previa sobre el producto.

La entrada en vigor de la IDD afectará al sector financiero: deberán dejar claro a los consumidores que pueden contratar seguros vinculados a productos financieros con otras aseguradoras ajenas a la Entidad, y a deslindar claramente el coste de cada uno de los productos.

Estas no son las únicas novedades que llegará con la aplicación de esta directiva a nuestra normativa, pues en ella también hay puntos como la obligación de transparencia en la venta cruzada de productos y servicios, el asesoramiento en los seguros de Vida, la gobernanza de productos, los requisitos profesionales, las infracciones y sanciones o los documentos de información sobre productos (IPIDS, PRIIPS),… que marcarán el nuevo panorama de la distribución de seguros y cuyos aspectos estamos revisando en el presente artículo.

Afectación de la IDD al sector financiero

Los ingresos derivados de la venta de pólizas de seguros ha sido una solución recurrente en el sector financiero a lo largo de los últimos años. Como no podía ser de otro modo, la entrada en vigor de la nueva Directiva de Distribución de Seguros condicionará esta actividad.

Tal y como hemos señalado ya, la nueva norma introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo. El distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes pueden adquirirse de forma separada, e indicarle los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente, prácticas que hasta la fecha no siempre se facilitaban a los clientes con la transparencia debida. Debido a ello, las entidades financieras deberán dejar claro al cliente que pueden contratar esos productos con otras aseguradoras, y deslindar claramente el coste de cada uno de los productos.

La IDD también exigirá nuevos requisitos para la distribución de productos de inversión basados en seguros, mayoritariamente vendidos por entidades financieras. Los profesionales deberán informar a los asegurados de todos los costes y gastos asociados; advertirles sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas; y proporcionarles una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento.

Si bien la normativa establece que los profesionales que asesoren y comercialicen seguros deberán acreditar una capacitación profesional suficiente, en la fecha de elaboración del presente artículo, siguen existiendo dudas sobre cómo debe articularse dicha formación

Nuevos requisitos de capacitación profesional

De la aplicación de la Directiva (UE) 2016/97 se deriva igualmente la necesidad de una adecuada capacitación profesional de las personas y las organizaciones que produzcan y distribuyan productos y servicios relacionados con los seguros. Los futuros trabajadores del sector asegurador deberán lograr un título que valide sus conocimientos.

La IDD establece que para realizar su función profesional los intermediarios de seguros deberán cumplir una serie de requisitos profesionales y de organización y de formación y desarrollo profesional permanente, que abarcan:

• El deber de los distribuidores de seguros y de reaseguros (y de los empleados de las empresas de seguros y reaseguros que realicen actividades de mediación de seguros o reaseguros) de poseer unos conocimientos y aptitudes apropiados para desempeñar su cometido y sus funciones adecuadamente.
• El deber de las personas físicas que trabajen en una empresa de seguros o reaseguros o los intermediarios de seguros y de reaseguros que ejerzan una actividad de distribución de seguros o reaseguros de gozar de una buena reputación.

Si bien la normativa establece que los profesionales que asesoren y comercialicen seguros deberán acreditar una capacitación profesional suficiente, en la fecha de elaboración del presente artículo, siguen existiendo dudas sobre cómo debe articularse dicha formación, responsabilidad que recae en la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones). Es este sentido, la opinión de las principales compañías del sector asegurador en España es que la cuestión formativa sigue sin concretarse. “A día de hoy sigue habiendo un vacío absoluto en este sentido y el regulador no es capaz de darnos una respuesta para saber si la formación que impartimos a nuestros agentes y corredores se adecúa con la normativa que se aplicará”, afirman fuentes del sector.

Lo que sí se cree es que la competencia profesional de los mediadores inscritos antes de la entrada en vigor de la futura Ley de Distribución de Seguros se dará por buena. En cuanto a la formación de los empleados de las entidades aseguradoras que ya intervinieran en la distribución de seguros, se convalidaría su capacitación profesional, pero no les eximiría a la certificación periódica de sus conocimientos y capacitación profesional.

Sanciones por incumplimiento de la IDD

La Directiva establece igualmente que, cuando se produzca una infracción de las normas en materia de distribución de seguros, las autoridades competentes podrán imponer sanciones administrativas y otras medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias.

El régimen fija sanciones administrativas de hasta 5.000.000 euros, el 5 % del volumen de negocio anual para las entidades o de 700.000 euros para personas físicas para las empresas que no se adapten a esta nueva normativa. Asimismo, se pretenden introducir nuevos controles para la prevención de conflictos de interés en el sector, para lo cual se han limitado los incentivos para los comercializadores y se ha decidido controlar de forma más estricta todo lo relativo a ventas cruzadas del producto principal del seguro con otro tipo de servicios. Así, se deberá comunicar al consumidor la existencia de tal tipo de venta cruzada y la posibilidad y coste que le supondría contratar los servicios por separado, dándole la posibilidad de escoger entre distintas alternativas, al encontrarse sus elecciones respaldadas por un mayor grado de información.

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