Este artículo da continuidad al que publicamos la semana pasada sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España. Veamos las posiciones encontradas: los escenarios más pesimistas que anuncian el colapso frente a los escenarios más positivistas en los que se defiende su sostenibilidad y supervivencia.

¿Es sostenible el sistema? Opiniones a favor y en contra

En el año 2000, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto de la Seguridad Social, el Gobierno creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como hucha de las pensiones. Este fondo se creó como un estabilizador anticíclico, que debería aumentar con los superávits de la Seguridad Social para que, en momentos de déficit, se pudiesen financiar las pensiones gracias a las aportaciones previas.

En base a los datos objetivos de las disposiciones efectuadas al Fondo de Reserva, parece obvio que el modelo actual de pensiones en España es insostenible

De hecho, desde su constitución, se han dotado al Fondo de Reserva más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, y debido sobre todo a la difícil situación económica que ha atravesado España en los últimos años, el Gobierno ha tenido que echar mano de la hucha de las pensiones para satisfacer algunas prestaciones en varias ocasiones. En 2015 se realizaron disposiciones por valor de 13.250 millones de euros, en 2016 estas disposiciones aumentaron hasta los 20.136 millones de euros y 2017 se cerró con un saldo de tan solo 8.085,37 millones de euros, cifra que se agotó a mediados de 2018.

En efecto, el pasado mes de junio, el gobierno anunció que, por primera vez desde los años noventa, tendría que endeudarse para poder pagar las pensiones, lo cual implica que el Fondo de Reserva atravesó el umbral negativo en términos de saldo neto.

En base a los datos objetivos de las disposiciones efectuadas al Fondo de Reserva, parece obvio que el modelo actual de pensiones en España es insostenible y requiere actuaciones urgentes.

Para paliar los déficits estructurales del sistema público de pensiones ya en 2011 y en 2013 se aprobaron las siguientes medidas:

  • En 2011 las reformas se centraron fundamentalmente en un incremento de la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, en un aumento de la base reguladora desde los 15 a los 25 años, así como la obligación de acreditar al menos 37 años cotizados para acceder al 100% de la pensión.
  • En 2013, las reformas se basaron en garantizar en cierta medida una sostenibilidad del sistema a largo plazo a través del Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones.

A pesar de las reformas, son muchos los expertos que opinan que el sistema sigue estando seriamente amenazado y sustentan su opinión en distintos frentes.

Por un lado, en base a las reformas efectuadas, la sostenibilidad se materializará, entre otras medidas, a través de descenso muy significativo de la tasa de reemplazo. En sí mismo, este resultado es bueno desde el punto de vista de garantizar una sostenibilidad del sistema pero ello provocará un descenso importante en la pensión, y por lo tanto en la diferencia entre lo que los trabajadores ganaban antes de jubilarse y su cuantía de prestación de jubilación, a no ser que aumenten considerablemente los recursos. En base a ello se estima que la pensión media será aproximadamente un 30% menor que la pensión media bajo el marco normativo previo a la reforma de 2013. En comparación con los demás países de la UE, España sufriría uno de los mayores descensos en la tasa de reemplazo entre 2013 y 2060, de aproximadamente 20 puntos porcentuales, con el consecuente impacto social y económico de una medida de esta relevancia.

Por otro lado, respecto a los ingresos potenciales del sistema en el futuro, el crecimiento proporcional de la población más mayor implicará que haya menos personas en edad de trabajar disponibles para contribuir al sistema. Las proyecciones del INE estiman que la población en edad de trabajar – es decir, de 16 a 66 años – descenderá alrededor del 2050 a unos 24 millones, desde los 31,2 que representa hoy. Aunque se consiguiera que la tasa de empleo aumentara hasta el 70% de la población activa (hoy representa el 61%), la base de cotizantes no sería muy superior a la del 2017. Conclusión: el sistema deberá soportar al doble de pensionistas con el mismo nivel de cotizantes y, al menos en el corto y medio plazo, con una cuantía mayor de pensión media, todo lo cual convierte al modelo en insostenible.

Otro elemento de juicio está en el cálculo del cómputo de la pensión a percibir. En este momento, utilizar los años más tardíos recompensa desproporcionadamente a las personas con una carrera profesional de salarios incrementales (que suelen ser, justamente, los que tienen una carrera profesional con mayores salarios). Aunque haya un aumento en los años cotizados, critican que el retraso en la edad de jubilación se asocie a las rentas más elevadas que generalmente se perciben al final del ciclo de vida laboral, lo cual entra en colisión con la voluntad de disminuir la tasa de reemplazo.

En el polo de opinión contrario, hay quien opina que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible en un futuro, y basan su opinión en varios elementos.

Por un lado, los defensores del sistema actual de pensiones critican la figura de los lobbies de presión (principalmente, sector financiero y asegurador) quienes difunden mensajes intencionados en beneficio propio. En su opinión, la apuesta que estos sectores hacen por un sistema multipilar con pensiones públicas pero donde también haya pensiones privadas, les beneficia. Afirman que una prueba de la intromisión interesada de los lobbies de presión se produjo en la reforma de 2013, en la que se adoptaron casi todas las medidas propuestas por la comisión de expertos, en la que de los 12 miembros, 9 estaban vinculados al sector de seguros o al sector bancario. En su opinión, los planes de pensiones privados tienen costes ocultos, son caros, tienen baja rentabilidad y los que de verdad ganan con ellos son las empresas que los comercializan.

Para los defensores del sistema actual de pensiones, la contención del gasto y el incremento de ingresos, situaría el ahorro anual en unos 11.000 millones, lo que significaría que el desequilibrio se reduciría de 18.800 millones a unos 7.000 millones anuales, a cubrir mediante la lucha frente al fraude fiscal y gravando al capital y al patrimonio.

Por otro lado, consideran que el gasto en pensiones con respecto al PIB es sostenible. Con un escenario de crecimiento del 2% y un IPC del 1,8%, el gasto en pensiones llegaría al 14% del PIB si se revalorizaran con los precios en su punto más crítico, que es 2045, y luego ya empieza a bajar. Con un crecimiento medio del 2,4% el gasto en pensiones no llega en ningún momento al 13% del PIB, un dato equivalente a la media europea que es del 12,3%.

En su opinión, el problema del sistema de pensiones actual no es debido al gasto que debe soportar si no a una revisión del modelo en su conjunto, contemplando también los ingresos, que deberán ser mayores.

En el capítulo de contención del gasto, se deberían reestructurar las cotizaciones a las que hace frente la Seguridad Social, evitando soportar ciertas cotizaciones (como por ejemplo las reducciones a las empresas, que suponen unos 2.000 millones de euros anuales). También se propone revisar los gastos de personal de la Seguridad Social y otros conceptos, que suman como mínimo otros 2.000 millones. Además, hay otras políticas que tienen que ver con el ámbito agrario por ejemplo con sistemas de cotización especiales y cuyo impacto anual es de unos 1.000 millones. En el capítulo de ingresos, se podrían eliminar los límites en la base máxima de cotización. En este sentido, los datos que el Gobierno aportó al Pacto de Toledo eran unos 4.600 millones anuales.

La suma de ambos capítulos (contención en gasto e incremento de ingresos), situaría el ahorro anual en unos 11.000 millones, lo que significaría que el desequilibrio se reduciría de 18.800 millones a unos 7.000 millones.

Para cubrir ese déficit, los defensores de la sostenibilidad del sistema de pensiones actual, afirman que se debería incrementar la aportación que hace el Estado para financiarlas (Francia y Alemania aportan entre el 20 y el 25%, España está en torno del 8%). Para ello, el Estado debería incrementar el nivel de ingresos fiscales que está en el 34,6% cuando la media europea en el 41,5%.

En su opinión, el incremento de ingresos fiscales debería articularse en torno a: lucha contra el fraude fiscal, el tercer mayor en la UE, y gravar las rentas de capital y las rentas patrimoniales (Francia por ejemplo recauda a través de esta Contribución Social Generalizada –que es para la financiación de políticas sociales, no solo de pensiones– 90.000 millones al año).

Por último, y al igual que en otros países europeos, defienden duras penalizaciones para las jubilaciones anticipadas y estableciendo incentivos por jubilarse más allá de la edad legal.

Fuentes: EL PAIS, SEGURIDAD SOCIAL, EL ECONOMISTA, FMI

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